PARITARIA SOCIAL

Por una equitativa distribución de la riqueza

Nos encontramos, en Argentina y en América Latina, atravesando un momento histórico, que representa una oportunidad para avanzar hacia la construcción de una sociedad justa e igualitaria. Sin embargo, para que esto sea posible es necesario que se produzcan cambios significativos en los aspectos fundamentales que condicionan la orientación general del proceso económico-social. La Paritaria Social por una equitativa distribución de la riqueza constituye, para las organizaciones que suscribimos este documento, una convocatoria a construir colectivamente las condiciones necesarias para consolidar lo que hemos logrado, y hacer posible el futuro que aún debemos conquistar.
Nuestro país transita el quinto año de crecimiento económico consecutivo. Los indicadores macroeconómicos reflejan un elevado superávit fiscal y el PBI continúa su marcha ascendente. Lo mismo puede decirse del sector privado. Los balances de las grandes empresas y los grandes grupos económicos vinculados a la exportación agrícola-ganadera, exhiben elevadas ganancias netas y un marcado incremento de la productividad. Sin embargo, en el sector de los asalariados las variaciones en el ingreso se han modificado muy poco. Ciertamente la cantidad de pobres e indigentes tuvo una bja considerable, pero aún 8 millones de argentinos siguen en la pobreza y 3 millones en la indigencia. Este numero continúa siendo inaceptable.
La experiencia demostró que la teoría del derrame no funciona. Por el contrario, señalamos que se debe resolver hoy la desigualdad, para garantizar una nueva estrategia de desarrollo que incluya al conjunto de la comunidad.
No puede haber un modelo de acumulación con inclusión social, si no es mediante una equitativa distribución de la riqueza.
Para ello, la prioridad en esta nueva etapa que se iniciará a partir de diciembre pasa por impulsar las políticas públicas que incidan en el reparto de la torta en beneficio de los que menos tienen. Este es el camino indispensable para garantizar la justicia social y, al mismo tiempo, fortalecer el mercado interno como plataforma de un modelo distributivo que nos permita construir una Argentina más igualitaria, más democrática, y que recupere a pleno su autonomía nacional.

La situación del campo popular

Las conquistas que hoy podemos celebrar son producto de valiosas decisiones políticas que tributan a la voluntad y la potencia popular expresada durante mucho tiempo en el conflicto con los poderes, de hecho opuestos al interés de la mayoría. Son precisamente aquellas que configuran el cambio de rumbo operado en la política nacional en los últimos años, reflejadas en las políticas de derechos humanos, el rechazo al ALCA y a los condicionantes del FMI y otros proyectos que beneficiaron al campo popular.
En este contexto, el fortalecimiento de las herramientas organizativas de los sectores populares resulta necesario para mejorar la posición de los trabajadores en la puja por la distribución del ingreso. Y por ello sostenemos que el otorgamiento de la Personería Gremial a la CTA, como parte del proceso de democratización del movimiento sindical, constituye una demanda con la que estamos consustanciados todos los sectores comprometidos en la disputa por una sociedad más justa. Continuar dilatando la resolución de este tema, implica mantener una arbitraria desigualdad sobre un sector del sindicalismo cuya existencia y legitimidad ya no se puede seguir negando.
Por otra parte, desde el empresariado nacional, APYME, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y la FAA , construyeron fuertes vínculos históricos con la CTA robustecidos en la resistencia compartida a las arrasadoras políticas del neoliberalismo.
Justamente fueron estos sectores, que representan a los pequeños y medianos productores del campo y la ciudad, los que al mismo tiempo sufrieron y resistieron la alianza entre el capital extranjero y los grandes grupos económicos locales, que fueron históricamente el sustento de las dictaduras militares en nuestro país.
APYME, la CTA, la FAA y el IMFC expresan los intereses de amplios sectores sociales comprometidos con los intereses nacionales, y que fomentan activamente la constitución de una Paritaria Social que permita avanzar hacia la consolidación de una nueva matriz distributiva en nuestra sociedad.

la paritaria social

Los acuerdos desarrollados a través de la PARITARIA SOCIAL deben llevar a un proceso consciente de reparación histórica a los desplazados por el neoconservadurismo.
Esta reparación histórica debe entenderse como la modificación de aquel conjunto de reglas que definen la organización del proceso económico y de la propia sociedad, en beneficio de los sectores del trabajo y de los pequeños y medianos productores de la ciudad y el campo. Para poder producir esos cambios, es preciso fortalecer el movimiento popular, sus organizaciones, su capacidad de movilización. Por eso entendemos que es preciso construir una voluntad política colectiva, capaz no sólo de proponer el horizonte de transformaciones que expresarían un proyecto nacional-popular, sino de generar al mismo tiempo la capacidad de avanzar hacia su concreción.
La PARITARIA SOCIAL, entonces, no debe ser meramente el terreno de una disputa por la representación del conflicto social, sino que, de manera superadora, debe expresar la posibilidad de la lucha por la determinación del rumbo de los procesos de nuestra Nación. La PARITARIA SOCIAL opone el interés popular al interés de los sectores que aún son beneficiarios de una estructura de concentración y extranjerización del poder económico, y, en ella, el pueblo convoca al Estado a asumir la defensa del interés de las mayorías.
En la PARITARIA SOCIAL se deben sentar las bases de una agenda que señale los objetivos estratégicos para una política que permita avanzar hacia un nuevo modelo distributivo y productivo.
Las organizaciones firmantes de este documento tenemos la determinación de contribuir a favorecer este proceso, proponiendo la creación de nuevas herramientas para el fortalecimiento de la organización popular, promoviendo la conformación de espacios para la discusión de propuestas de políticas públicas y medidas que se orienten a la generación de condiciones más favorables para nuestro pueblo.

las medidas instrumentales

· Establecer como prioridad nacional una más justa distribución de la riqueza, sustentada en una política de recuperación progresiva de los salarios reales de los trabajadores, juntamente con el aumento en la cantidad y calidad del empleo.
· Una intervención estatal que permita establecer parámetros de ganancia de las grandes empresas, acordes con una rentabilidad adecuada, captando impositivamente las rentas excepcionales que pudieran obtener los distintos sectores de la actividad económica.
· El fomento de las herramientas de democracia participativa y consulta popular.
· La participación plena de las organizaciones populares en la elaboración y la implementación de políticas públicas tendientes a promover mejoras sustantivas en las condiciones de vida de la mayoría de la población.
· La recuperación de la capacidad del Estado para incidir en el proceso económico-social, a través de la institución de los mecanismos que permitan el ejercicio democrático del control de las áreas y los recursos estratégicos para el desarrollo de un proyecto nacional-popular soberano, en el marco de una integración solidaria con los pueblos de la región.

Bajo estos conceptos generales, se deberían implementar medidas orientadas hacia los siguientes aspectos:

Política laboral y social

· Creación de un Seguro de Empleo y Formación para todos los jefes y jefas de hogar desocupados, estableciendo una asignación universal por hijo.
· Incremento de los beneficios mínimos de las prestaciones previsionales, Creación de una asignación universal para todos los mayores excluidos de la seguridad social y recuperación de la movilidad de los haberes jubilatorios.
· Avanzar en la reconstrucción del Sistema Educativo Público nacional y del Sistema Nacional de Salud, profundizar el proceso de depuración y reestructuración de las fuerzas públicas de seguridad, y seguir acentuando el proceso de cambios en el Sistema Judicial.

Fomento a la pequeña y mediana empresa

· Estas políticas deben orientarse a a posibilitar un proceso de acumulación de capital físico genuinamente nacional con la consecuente creación de nuevos puestos de trabajo. Aplicar políticas de fomento que privilegien a las pequeñas y medianas empresas y a la actividad regional.
El mercado interno debe ser el espacio privilegiado de la política productiva. Para ello hay que establecer regulaciones que permitan revertir los procesos de concentración y extranjerización de la economía. Promover el “Compre Nacional”, “Compre PyME” y “Compre Cooperativo”. Fomento y apoyo integral a las empresas de economía social, cooperativas y empresas recuperadas
· Fijación de una política de aranceles a las importaciones, retenciones segmentadas a las exportaciones y reintegros, que tenga en cuenta el desarrollo de las necesidades sociales y del aparato productivo nacional, en especial de las PyMEs y de los productores agropecuarios de menor escala.

El Sistema Financiero y las PyMEs.

· Cambiar el marco regulatorio del sistema financiero (la Ley Nº 21.526), para que sea un servicio que favorezca a las PyMEs y a las economías regionales, y que permita a los particulares acceder a programas de vivienda. Se requiere una nueva Ley de Entidades Financieras que instale la concepción del servicio financiero como un servicio público, paso esencial para democratizar el crédito y fomentar el acceso de toda la población a los servicios bancarios.
· Crear un verdadero banco de desarrollo, para poder generar préstamos a largo plazo para la inversión productiva, con la participación de los bancos especializados en este segmento. Impulso de la banca pública y cooperativa, y a las sociedades o fondos de garantía públicos.

Producción agraria

· Potenciar las cadenas productivas. Crear instrumentos públicos de regulación, en especial para el comercio de granos y carnes. Establecer precios sostén para pequeños y medianos productores y transparentar los mercados y las cadenas de comercialización de los productos agropecuarios.
· Promover la radicación de familias en el interior del país, organizándose a través de cooperativas, aprovechando las tierras fiscales y los latifundios improductivos y preservar las pequeñas y medianas explotaciones agropecuarias. Impulsar normas para democratizar el uso y tenencia de la tierra y la regularización de títulos de los pueblos originarios. Establecer restricciones y límites a la adquisición del dominio de inmuebles rurales.
· Preservar el derecho al uso propio de semillas, fomentando el impulso a una tecnología soberana en el desarrollo de la genética.

Sistema Tributario

· Reforma integral del sistema tributario como principal eje redistribuidor de ingresos. Cambiar el profundo sesgo regresivo que actualmente posee, el cual obliga a un mayor esfuerzo tributario a los sectores populares, e impone un freno al desarrollo de las actividades productivas.
· Reducir los impuestos generales a los bienes de consumo popular, en especial eliminar el IVA a una canasta básica de alimentos, salud y educación, e incrementar los impuestos a los consumos suntuarios.
· Rediseñar el impuesto a las ganancias, eliminando las actuales exenciones a las rentas financieras, las operaciones de bolsa y a las ganancias de capital. Incorporar a la recaudación las utilidades provenientes de los dividendos de las sociedades, dentro del impuesto personal.


Central de Trabajadores Argentinos (CTA)
Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC)
Federación Agraria Argentina (FAA)
Asociación Pequeños y Medianos Empresarios (APyME)