INSEGURIDAD por Facundo Castro

INTRODUCCION:

Tratar la problemática de la inseguridad en la Argentina es una cuestión para nada sencilla, dado que hacerlo significa entrar en un terreno minado de ideas ampliamente difundidas por los medios, que han sido tomadas como verdades incuestionables y han creado prejuicios de todo tipo. El dolor, el miedo y la impotencia que giran en torno al tema de la inseguridad, son sentimientos que suelen ser el mejor “campo fértil” para los demagogos, mentirosos y falsos expertos, que aprovechando la ocasión, presentan sus soluciones mágicas y sencillas que aparentemente resolverán el problema en el corto plazo, y montados a la ola de reclamos realizan su negocio político.
El tema de la inseguridad se parece en este aspecto a las enfermedades graves o terminales: estas tienden a generar en quienes las padecen la tentación de buscar la aplicación de medidas fáciles, sencillas e incluso mágicas que aparentemente resolverán el problema. En estos casos, como en el de la inseguridad, estas supuestas soluciones, lejos de resolver el problema, tienden a empeorarlo por ser los caminos elegidos poco viables. Es decir que ante el problema de la inseguridad como en otros aspectos de nuestra vida, siendo cuestiones de gravedad y que nos asustan, tendemos a recurrir a soluciones rápidas y buscamos atajos en apariencia accesibles pero que no llevan a los resultados esperados.
En este trabajo abordamos la problemática de la inseguridad como un fenómeno de dimensión social; y como tal, debemos tratarlo objetivamente, contextualizándolo con las características políticas, económicas y culturales de la sociedad en la cual dicho fenómeno tiene lugar. Para ello, tendremos que formular una serie de consideraciones, que nos servirán como base para analizar los diversos factores que conforman las causas de la inseguridad. Durante el desarrollo de este trabajo esperamos que el lector pueda reconsiderar ideas en las que cree y tal vez no son ciertas, así como también reflexionar frente a la revelación de ideas y datos poco difundidos por quienes, ocultando conscientemente las causas del problema, se ocupan de los efectos de los delitos cometidos por delincuentes de “bajo vuelo”, por los pequeños delincuentes que realizan el robo directo, el que nosotros podemos percibir a simple vista, el que se perpetua a mano armada frente a los testigos ojos de las víctimas. Estas personas pretenden crear un contexto social polarizado, en el cual se identifica a los desposeídos y marginados económicos con el mundo del delito, y a quienes participan en la distribución de la riqueza con el mundo de la legalidad. Este antagonismo social es indudablemente incompatible con una sociedad democrática, y crea un marco en el cual la represión ilegal se vuelve legítima.
La amplia visión social con la cual pretendemos enfocar el tema en este trabajo, lejos de intentar ser soluciones definitivas, son lineamientos generales para la consideración seria de un problema profundo y de carácter nacional, en torno al cual se han formado ideologías y políticas promovidas coherentemente acordes a los intereses de la clase que las produce.
Las nuevas juventudes reciben de las generaciones pasadas una Argentina que atraviesa por su peor crisis económica, una sociedad profundamente dividida, donde el individualismo predomina y el malestar colectivo se palpita a simple vista, en la sensación de impunidad, en la impotencia general, en la resignación frente a los males y en las calles llenas de humildes, desposeídos, de mujeres mendigando en las veredas con la tétrica exhibición de sus criaturas.
Como miembro de esta juventud, estoy consciente de que la miseria, que en algún lugar se determinó que debía caer sobre nuestro país, apacigua los espíritus más rebeldes, destruye las mentes más brillantes y calla las voces más enérgicas; por eso el hambre es propio de los pueblos dominados. Estoy consciente de que al paso que vamos, pocos jóvenes tendrán acceso a una educación pública gratuita, y por eso creo, que las jóvenes mentes privilegiadas por la educación, debemos poner la inteligencia a disposición de la interpretación de los problemas nacionales y al servicio de su solución, para que luego se haga acción en la voluntad de todos. Esta nueva generación carga sobre sus espaldas la grandeza anónima de construir y ser una Nación soberana. Pero para evitar esto se nos pretende crear un sentimiento de resignación, frente a los problemas que nos agobian, que nos lleve a la inacción. Mi corta experiencia me dice que las mismas personas que afirman que nada se puede cambiar, son precisamente las mismas personas interesadas en que nada cambie.
Este trabajo se realiza con interés nacional, con consciencia de argentino y con la convicción de que una Argentina mejor es posible y necesaria para el bienestar de todos. Este trabajo es tan solo un aspecto de la cruda realidad de los argentinos y su conclusión es una prueba de que olvidar el problema de los demás es traicionar el problema propio, porque los males que agobian a una sociedad se extienden a sus individuos, tengan o no tengan éstos consciencia de su situación. Scalabrini Ortiz decía que “tradición de esperanza nos justifica y sostiene”, y también dijo: “nos han sorprendido en nuestra buena fe de pueblo joven, pero tendremos confianza en nosotros mismos, en la cohesión de nuestro espíritu y en la voluntad de ser del pueblo argentino. Sabremos enmendar los yerros que no son nuestros y a reconquistar el dominio de lo que nos ha sido usurpado por la usura” [1]. De eso se trata un poco este trabajo.
La inseguridad en cuestión

Una idea que los medios han logrado instaurar en la sociedad como verdad incuestionable, es la de asimilar como equivalentes a la demanda de seguridad y la lucha contra el delito. Una sociedad segura, es aquella en la que se garantizan todos los derechos para todas las personas que integran esa sociedad; entre esas obligaciones está la de combatir el delito, pero lógicamente, no es la única ni la más importante de las obligaciones. En una sociedad con niveles tan altos de desocupación (ver cuadro l), donde no es seguro el derecho a la educación, a la salud, una sociedad en donde el 20% más pobre, es decir 3.542.886 habitantes, recibe el 4.2% del ingreso nacional, mientras que el 20% más rico, es decir 4.285.187 habitantes, recibe el 52,6% del ingreso nacional (ver cuadro2), una sociedad con tan elevados niveles de pobreza e indigencia, una sociedad en donde la existencia digna no es segura, es en efecto, una sociedad insegura. Por lo tanto la demanda de seguridad debe estar orientada a que se garanticen los derechos y las condiciones que hacen posible una existencia digna, dado que cuando estos faltan se crea la inseguridad social.


Definitiva instauración del tema: el caso Blumberg


El tema de la inseguridad alcanzó su auge cuando el 23 de marzo del 2004 aparece en un basural de La Reja, ejecutado de un tiro en la sien, el joven Axel Blumberg, secuestrado una semana antes en Beccar. A partir de ese momento se inicia una campaña mediática prácticamente sin precedentes en tiempos de democracia. Diarios, revistas, radio y televisión brindaban sus espacios a tratar el tema de la inseguridad, ya sea mostrando hechos delictivos o a supuestos expertos tratando de sacar rédito político de la situación. Sin duda alguna, el referente de ésta época fue el padre de la víctima, Juan Carlos Blumberg, quien organizó la Cruzada Axel. Ésta, contó con un masivo apoyo de los medios, e incluso la revista Gente acompañó una edición de su revista con una vela para concurrir a la marcha. La cruzada se basaba en un petitorio acompañado con firmas recolectadas por todo el país que lo avalaran. Día y noche, por todos los medios se hablaba del tema, la imagen risueña del asesinado Axel Blumberg repercutía con dolor en las madres y abuelas que, proyectando en él un posible destino para sus hijos y/o nietos, se adherían rápidamente a la cruzada. Las firmas se recolectaban en locales, casas, clubes, puestos de la calle o de mano en mano. Esta cruzada convergió en una serie de concentraciones, cuyos ejes eran los siguientes: reprimir la exportación de armas con penas de prisión no excarcelables; aumento de las penas mínimas y máximas para el homicidio, violación y secuestro; reducir la edad de la imputabilidad de los menores; anular el límite de los 25 años como límite de cadena perpetua; control efectivo de los teléfonos celulares; reforma de la Policía.

A partir de estos sucesos, el tema de la inseguridad quedó definitivamente instaurado en la opinión pública, así como las ideas que en torno a él se difundieron.

La concurrencia de las concentraciones fue homogénea, con clase media de la Capital Federal y Gran Buenos Aires, y tuvo un claro estímulo de los medios, en especial Radio 10 y Canal Nueve, que llegaron a difundir cifras sobre-dimensionadas con respecto al número de movilizados; de todos modos, no toda campaña es exitosa. Esta, sintonizó con el medio reinante.

De esto podemos resaltar una serie de cuestiones muy interesantes. De todas las medidas propuestas, ninguna atacaba a la corrupción policial y/o política, que es lo que ampara al crimen organizado, actúa en complicidad con él y hasta lo fomenta. Por el contrario, todas las medidas estaban dirigidas a castigar a los sectores sociales más empobrecidos. Es decir, que se pretende castigar a los “pibes chorros” y no a los traficantes de armas, se aumenta el castigo para la portación de armas y no se avanza sobre los fabricantes y comercializadores de armamento. A esto se le suma una clara diferenciación entre los derechos humanos de la “gente” y los derechos humanos de los delincuentes, realizada en una de las concentraciones de Blumberg. Una sociedad tan desigual como la nuestra (ver cuadro 2) constituye un terreno peligroso en donde se pretende crear un antagonismo social que identifique a los que participan activamente de la distribución de la riqueza con el mundo de la legalidad y los derechos humanos; y a los desposeídos y marginados de la distribución de bienes con el mundo delictivo, siendo estos un mal con el cual es preciso terminar, prescindiendo incluso de los derechos humanos, ya que los delincuentes en el carácter de tales pierden su condición de seres humanos. Naturalmente, es una aberración dicha diferenciación y es incompatible con los principios democráticos más elementales.

Marx, en su genial crítica a la economía política, dice: “sostener los principios de igualdad del hombre ante la ley en una sociedad donde existen desigualdades sociales tan grandes, es violar la igualdad que ésta dice sostener”. Y esto constituye un fiel reflejo de nuestra realidad nacional. Pretender afirmar que un indigente tiene ante la ley el mismo trato que el rico es verdaderamente insostenible. Sobre todo cuando observamos que en la naturaleza del rico se encuentra la naturaleza del pobre, porque para que el 20% de nuestra población concentre el 52,6% de la riqueza le es preciso despojar al resto la porción de la riqueza que le pertenece. A su vez, para esto es necesario crear la estructura legal, donde lo justo sea lo que conviene al poderoso, al rico, y el derecho nacido de condiciones económicas tan desiguales es el medio a través del cual el rico legitima su riqueza y el arma para mantenerla. Por ese motivo las medidas adoptadas constituyen una persecución a los marginados y excluidos políticos, económicos y sociales. Frente a este contexto económico, se pretende transformar a la represión ilegítima en legal, y aún si ésta es ilegal es socialmente aceptada.


Sensación de inseguridad: Estado y Dominación

Alberto Binder en su libro “Policías y Ladrones” de la colección Claves Para Todos, realiza una división del tema de la inseguridad en dos dimensiones que considero prudente traducir para una mejor claridad del tema:

“Una dimensión es la que denominamos inseguridad objetiva. Esta consiste en la cantidad de hechos, robos, secuestros, etc., que se producen en un espacio determinado (una ciudad, pueblo, barrio...) y en el número y calidad de respuestas institucionales a esos hechos (si son investigados, castigados, permitidos e incluso alentados). Todo esto se puede medir y estudiar sobre la base de datos objetivos, tanto de los fenómenos ocurridos como de las respuestas institucionales a cada uno de ellos; siempre debemos considerar ambas variables en conjunto.
La segunda dimensión es la conocida como inseguridad subjetiva o sensación de inseguridad. Este último consiste en el temor, la incertidumbre, el miedo al prójimo o el sentimiento de fragilidad que producen tanto los hechos reales como otros múltiples factores difíciles de mencionar.
Todo problema de seguridad se conforma con las dos dimensiones y ambas existen realmente”.

En la actualidad, si de algo parece estar segura la opinión pública es de estar a la merced de los secuestradores, de ser víctima de algún robo, ya sea en la vía pública o en su propio hogar, y que a esos jóvenes drogados y desesperados nada los detiene en caso de que quieran cometer algún delito. A raíz de esto, el problema de la inseguridad toma protagonismo político y aparecen toda clase de actores políticos con sus propios planes para combatir el delito, incluyendo una gran variedad de medidas represivas, ya que aparentemente no cabe duda de que el robo, los asaltos y los secuestros son el principal problema que afecta a la población argentina en la actualidad. Pero, cuando comenzamos a observar las estadísticas, el asunto cambia notablemente de color.

En los últimos años la tasa anual de homicidios en Brasil osciló entre las 8 y las 25 personas cada 100.000 individuos, en México la variación se produjo entre las 18 y las 25, mientras que en Argentina estuvo entre las 7 y las 9. Aún así, la sensación de inseguridad es mayor en Argentina, que tiene menor nivel de asesinatos que varios países de la región, como lo demuestra la encuesta latinobarómetro que se realiza anualmente en América Latina.

Entonces, según lo demuestran las encuestas, es más probable morir asesinado en cualquiera de los países mencionados. Pero los argentinos sentimos mayor temor que cualquier habitante de esos países.

Algo no menos sorprendente que revelan las estadísticas es que la tasa de homicidios en Argentina en términos absolutos es de 3.453 personas por año, una cantidad menor que las aproximadamente 3.830 que mueren en accidentes de tránsito2. De modo tal que desde el punto de vista de la vida humana, ordenar el tránsito sería igual o más importante que combatir el crimen. Sin embargo los argentinos por algún motivo damos mayor importancia a combatir la violencia callejera antes que ordenar el tránsito, tienen muchísima más trascendencia aquellos que promueven medidas represivas contra el delito que aquellos que promueven la implementación de una mayor seguridad vial.

¿A qué debemos esta exagerada sensación de inseguridad? Lógicamente, no podemos desconocer la cuota de responsabilidad que le cabe a los medios de comunicación, ellos tienen la capacidad de orientar a la opinión pública y generar con facilidad reacciones psicológicas en cadena a través de la especulación informativa. Por ejemplo, pueden resaltar una noticia determinada dándole mayor espacio que a otras, pueden instaurar el tema en la población insistiendo en él permanentemente, e inclusive pueden promover a periodistas, intelectuales, artistas, conductores y hasta personajes políticos, publicitándolos en espacios televisivos, radios y páginas o pueden marginar a otros, dificultando enormemente su difusión pública.

El rol que los medios de comunicación han jugado en el tema de la inseguridad no es un hecho menor, la campaña mediática se tornó evidente, ya que cuando los medios insisten día y noche sobre un mismo tema, cuando pasan los días y es el mismo tema el que aparece en las tapas de los diarios y primero en los titulares de los noticieros, como si no sucediera otra cosa en todo el planeta, se puede presumir que se pretende instaurar el tema. De todas formas, tal y como lo resaltamos anteriormente, no todas las campañas son exitosas, esta sintonizó con otros factores latentes en la sociedad.

Citando a Alberto Binder, habíamos dividido el estudio de la inseguridad en dos dimensiones definidas, la objetiva y la subjetiva. Vale decir entonces que el miedo se vale de hechos reales, pero lo que sucede objetivamente puede tomar, subjetivamente, dimensiones mayores. En efecto, la relación entre lo objetivo y lo subjetivo es siempre fluctuante, y para una ampliación del problema resulta necesario considerar ambas.

Uno de los factores que, en nuestro país, influye enormemente sobre la inseguridad subjetiva, es la crisis general del Estado en los últimos treinta años. El estado se ha convertido en un potencial agresor, que no solo no garantiza la justicia (es decir, la justicia real, no la institucionalizada) sino que es capaz de la represión ilegal, de quedarse con los depósitos, de prometer y no cumplir, de deformar la verdad o directamente mentir, de malversar fondos públicos; incluso ha perdido la facultad de proveer salud, educación, amparo en la vejez, etc. Esto genera, sobre todo en la clase media, una sensación de desprotección3 y de incertidumbre que contribuyen a promover el miedo generalizado4.

Ésta crisis del estado trae aparejada la destrucción del tejido social y del sentimiento de comunidad. Al desaparecer el Estado como elemento de unión entre los individuos y de orador del sentimiento de la comunidad, las normas de convivencia vigentes en la sociedad desaparecen junto al sentimiento de comunidad. Porque para que los individuos de una sociedad se sientan miembros de una comunidad, es necesario que algo los vincule recíprocamente. Este era el rol que tenía entre otros el Estado. La identificación de cada individuo, o de la mayoría de ellos, para con el Estado, creaba un sentimiento compartido de relación que vinculaba a los hombres entre sí, generando el sentimiento de comunidad con normas de convivencia propias, emanadas (como diría Russo) del contrato social5.

Al desaparecer dicha función estatal, la idea de lo colectivo desaparece y predomina la de lo individual. El individuo, al no tener nada que lo ligue con la sociedad a la cual pertenece, por sus propios medios se propone la supervivencia individual independientemente del contexto de la sociedad, con la cual él no siente lazo alguno.

El contexto de la sociedad argentina es sumamente conflictivo, la pobreza y la indigencia predominan como nunca antes, así como también el desempleo; y ciertamente hay ya poco de los argentinos en la argentina; sumado a la extraordinaria desigualdad social. En esto último, el Estado cumple una función fundamental.

En los últimos treinta años y especialmente a partir de la década del noventa, la argentina encaró un gigantesco proceso de privatizaciones en las que cedió áreas clave de la economía que tradicionalmente se encontraban en manos del Estado. Esto significó, en conjunto con otras medidas, una profunda modificación en la distribución de la riqueza que llevó a que un grupo reducido concentrase gran cantidad de los ingresos nacionales despojados a la enorme mayoría. En la misma medida en que el Estado cedió áreas estratégicas de la economía, estas fueron adquiridas por un grupo que, manejando esas áreas, concentraron aún más la riqueza y se hicieron de un poder económico superior al del Estado y así también de un poder político igualmente superior. Porque en un país en el cual un grupo concentra la riqueza en proporciones tan despampanantes como en la Argentina, ese mismo grupo pone dicha riqueza al servicio de la creación de un sistema que mantenga e incluso incremente esa riqueza.

Esto es algo que debemos enfatizar, dado que es el eje fundamental sobre el cual están estructuradas las características políticas, económicas y sociales de la realidad nacional.

Según el diccionario de filosofía de José Ferrater Mora, un sistema “es un conjunto de elementos relacionados entre sí funcionalmente, de modo que cada elemento del sistema es función de algún otro elemento, no habiendo ningún elemento aislado”.

Algunos de esos elementos pueden ser, por ejemplo, los medios de comunicación. Quienes concentran la riqueza tienen la capacidad de adquirir los medios de comunicación y de “informar” a la opinión pública, así como de proponer candidatos a gusto.

Otros elementos son los partidos políticos. Quienes concentran la riqueza financian a los partidos políticos de acuerdo a sus intereses. Teniendo sus partidos políticos, tienen a sus legisladores y a sus presidentes y ministros; luego tienen a sus jueces, así tienen su justicia6. Es decir, van estructurando elemento por elemento hasta formar el sistema en sí, de esta manera el poder económico se transforma en poder político. Vale decir entonces que la estructura social, económica y política de la Argentina, es de dominación, dado que hay un grupo reducido que condiciona por diferentes métodos al resto. El Estado forma una parte integral del sistema de dominación, en cuanto tiene como función, entre otras, crear las condiciones económicas favorables a dichos sectores dominantes y un marco jurídico que mantenga a la sociedad estructurada de forma tal que la concentración económica pueda seguir realizándose. Arturo Jauretche dijo una vez: “La habilidad del régimen ahora y antes consistió siempre en crear un aparato legal para canalizar la protesta del pueblo y después de su periodismo, su universidad y su escuela, acostumbrar al pueblo despojado a reverenciar el aparato del despojo”7.

En dicho contexto económico, político y social, la justicia ya no es tal y el individuo cuyo individualismo se ha convertido en un estilo colectivo de vida, al desaparecer el sentimiento de comunidad y las normas de convivencia, busca y persigue lo mejor para sí mismo, estando esto determinado no por la sociedad misma, sino por las capacidades individuales para alcanzarlo. Es decir, el bienestar social ya no está garantizado por el derecho; y el individuo depende de su propio poder para obtenerlo8. Es en estos momentos en los que las sociedades entran en caos y los distintos sectores despojados (algunos más, otros menos) se enfrentan entre sí, bajo la invisible tutela directora de quienes crean el sistema que despoja a la mayoría. El argumento de la inseguridad es útil para crear las condiciones que permitan la represión de quienes son brutalmente despojados y así mantener un orden que permita la continuidad del sistema. Naturalmente, esto tiene sus propios efectos.

Con respecto a estos efectos creo oportuno transcribir unos párrafos del libro “El movimiento anti-imperialista de Jesús” de Rubén Dri, quien los describe con gran claridad:

“Uno de los efectos más nocivos de la dominación es la incorporación del dominador en el dominado. Esto introyecta al dominador. Sufre una profunda escisión, una esquizofrenia aguda. No necesita que el dominador lo castigue, él mismo se castiga, él mismo es dominador y dominado. Toda la violencia que recibe del opresor y que no puede devolver, la emplea contra sí mismo o contra los suyos.

En los momentos de mayor opresión se producen fenómenos de violencia que suelen atribuirse a la idiosincrasia del pueblo sometido. Lo que sucede es que el sujeto violentado siente una quemante necesidad de devolver la violencia, pero no encuentra la manera de ubicar a su opresor o no se atreve a hacerlo, o ve que no hay posibilidad de llevar a cabo sus violentos deseos. Éstos, lamentablemente se desvían contra sí mismos, sobre sus seres más cercanos, su mujer, sus hijos, sobre los vecinos, pobres y dominados como él. Se suceden los suicidios, los maltratos y golpes a las mujeres y a los hijos, las violaciones, las peleas en el bar, en la calle, en la cancha de fútbol. Una violencia auto destructiva parece invadirlo todo, cubrirlo todo como una mancha de aceite.

Además, la propaganda oficial lo hace sentir culpable de la situación. ¿Por qué es pobre? ¿Por qué se encuentra en una situación en la que no puede alimentar a sus hijos? Porque es perezoso, porque no quiere trabajar, porque no es inteligente. En una palabra, él es el culpable de la situación. Abrumado por la culpa no tiene fuerzas para reaccionar”.

Es cuando aparece el fenómeno del “chivo expiatorio”, surgido de la necesidad de identificar a un culpable claro de los males que no podemos explicar9. Este papel de chivo expiatorio es cubierto por los delincuentes callejeros, que son tomados como un mal del sistema, ignorando que son un efecto perverso del sistema mismo.


Delito, Pobreza y Desempleo

La ciencia está regida por leyes; estas establecen que determinadas causas producen determinados efectos. Es decir, la aceleración de un cuerpo, por ejemplo, puede determinarse mediante la aplicación de una fórmula matemática. Pero en el terreno de lo social, es el marco interpretativo lo que vale, donde el determinismo de las leyes o fórmulas no predomina. Esto significa que lo social se rige por principios, que son comunes en su enunciación, pero infinitamente variables en su aplicación. Vale decir que predomina lo probabilístico y no lo determinante. A determinadas causas es probable que como consecuencia surjan determinados efectos; determinados efectos pueden ser producto de determinadas causas. Pero nunca se tiene la certeza absoluta. Los razonamientos que se hacen son siempre hipotéticos; dado que desconocemos su valor real, pero lo consideramos como cierto.

Existe otra creencia instaurada en la sociedad que vincula directamente la pobreza con el delito. Por lo tanto se presume que todos los pobres son delincuentes (aunque un delincuente no necesariamente es pobre). Sin embargo, esta vinculación, difundida por los medios y tomada por la sociedad como verdad incuestionable es realmente incorrecta. Dice Marcelo Sain: “En 2001, el 33% de la provincia del Chaco tenía necesidades básicas insatisfechas, es decir, estaba sumida en una situación de pobreza e indigencia. Ese mismo año, allí se registraron un total de 43.444 hechos delictivos, alcanzando una tasa de 4.563,43 delitos cada 100.000 habitantes. En Formosa, provincia en la que el 33,6% de la población tenía sus necesidades básicas insatisfechas, se registraron 13.087 delitos y se alcanzó una tasa de 2.545,67 delitos por cada 100.000 habitantes. En Salta, el 31,6% de la población atravesaba idéntica situación de necesidades básicas insatisfechas y se registraron 32.791 hechos delictivos, llegando a una tasa de 3.072,20 hechos delictivos por cada 100.000 habitantes. Por su parte, también en ese año, las tasas de delitos en la Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, en las que solamente el 15,8% 13% y 14,8% de sus respectivas poblaciones aparecía por entonces con sus necesidades básicas insatisfechas, fueron de 2.113,8; 4.004,4 y 3.091,63 hechos delictivos por cada 100.000 habitantes respectivamente. En conclusión, en las tres primeras provincias, en las que las necesidades básicas insatisfechas duplicaban a las existentes en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, las tasas de delito fueron de entre 2.500 y 4.500 hechos registrados, mientras que en las tres últimas provincias dichas tasas fueron de entre 2.100 y 4.000 hechos delictivos, es decir, casi el mismo rango que el de aquellas provincias con pobreza extrema. Este ligero panorama no dice nada acerca de las causas de los delitos cometidos en estos lugares, pero permite invalidar contundentemente la maliciosa ligazón establecida entre pobreza y delito, de lo contrario en Chaco, Formosa y Salta la tasa delictiva debería haber duplicado a la existente en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe”10.

Otro factor a tomar en cuenta es el del desempleo. En las sociedades capitalistas el empleo asalariado es el medio principal para la supervivencia y el progreso individual. Pero aparte de dicha función, el empleo es una forma de definir un espacio de pertenencia social, es decir, que el lugar que cada uno posee en la sociedad está básicamente definido por su labor específica. A esto señala Daniel Miguez:

“(...) El solo hecho de responder “desempleado” nos ubica en un lugar de no-pertenencia, claramente señalado por el prefijo dos, no tener empleo significa en alguna medida no ser; dejar de existir, una suerte de muerte social.
Por eso el hecho de estar desocupado implica, para muchas personas, colocarse fuera de uno de los principales ámbitos de integración social(...)”11.

Pero aún así, no hay relación directa entre desempleo y delito. En otras palabras, el aumento del desempleo no trae aparejado de forma directa un aumento del delito, aunque genere condiciones propicias para ello. Una persona que ha sido criada bajo los principios y los valores del trabajo, de la honestidad y de la familia, difícilmente, al encontrarse desempleado pase instantáneamente a transformarse en delincuente. Sin embargo, pierde progresivamente la capacidad de transmitirle esos mismos valores a sus hijos.

Vale decir que el desempleo prolongado produce una modificación en la estructura de valores; un “clima anómico”, lo llaman los sociólogos; una pérdida de los incentivos que normalmente estructuran la vida cotidiana. De esta manera se genera un contexto social propicio para que grupos determinados, los jóvenes mayormente, creen una estructura de valores al margen de los tradicionalmente vigentes, vinculados a la delincuencia y al mundo del delito12.

Subrayemos entonces, que la pobreza y el desempleo no generan mecánicamente el delito; pero generan un ambiente propicio para ello; donde el delito es tomado como una fuente de ingresos alternativa y un medio de vida que con el tiempo se vuelve legítimo.


Sociedad de consumo y desigualdad social

Todo individuo como miembro y parte de una sociedad, va desarrollando sus características de individuos de acuerdo a los principios, valores, ideas y condiciones dadas, vigentes en una sociedad determinada. En otras palabras, una persona es una resultante de muy complejos fenómenos que se dan entre la permanente interacción del individuo y el contexto social en el que se desarrolla. Vale decir que las características económicas, políticas y culturales de una sociedad afectan directamente en el desarrollo del individuo13.

Como se puede apreciar en el gráfico 1, el gran aumento de la desigualdad social estuvo acompañado de un considerable incremento en los hechos delictivos. De lo que se deduce que hay una relación entre la desigualdad y el delito, así como la hay entre la desocupación y la pobreza.

Un prestigioso sociólogo norteamericano, Robert Morton, afirma que es la diferencia entre las expectativas generadas en una sociedad y las posibilidades reales de satisfacerlas lo que predispone a una persona a violar la ley14. Veamos qué nos dice Daniel Miguez al respecto:

“En sociedades que han sido tradicionalmente pobres, la miseria no genera delitos ya que no hay distancias marcadas entre lo que las personas desean y lo que poseen. Dado que esas poblaciones no conocen ni aspiran a otra forma de vida, no encuentran razones valederas para delinquir.
En otros casos, como por ejemplo la India, se produce un fenómeno diferente. Por largos períodos, en ese país han convivido sectores privilegiados junto a otros que sufren enormes privaciones. Allí, los marginados sí conocen los beneficios de las condiciones de vida de los más ricos. Sin embargo la cultura de los hindúes no propone las mismas metas para todos los sectores de la sociedad, por eso entre los más pobres no se instala la necesidad de alcanzar el nivel de vida de los sectores pudientes; sus objetivos de existencia son otros, que sí están a su alcance. Y por ello no tienen motivos significativos para delinquir”15.

Aquí en la Argentina, se han instaurado hábitos y metas de consumo en la población por encima de nuestras capacidades reales de poder alcanzarlas. Se tiene como idea que el estilo de vida occidental es el único digno de ser vivido, que si en nuestra vida no tenemos determinados artefactos que hacen que tengamos una mejor imagen, una comunicación perfecta, un transporte de lujo, etc., estamos fuera del sistema. Pero sencillamente es imposible que todos en la sociedad tengan autos nuevos, DVD, celulares y demás lujos. Sin embargo, permanentemente por la TV se nos trata de convencer de la necesidad de tener cualquiera de estos aparatos para mejorar nuestro standart de vida, aunque éste se haga a costa del desamparo de millones de argentinos. Porque económicamente, es imposible que toda la población tenga acceso a bienes de lujo que el país no produce; solo un sector reducido de la población podrá consumirlo, pero gravitará sobre las espaldas del resto que no lo consume16.

Estos comportamientos son propios de una sociedad de consumo donde las necesidades artificiales predominan sobre las reales.

Para que una necesidad sea real, debe partir del propio individuo. Por ejemplo, si una persona tiene hambre, no hace falta convencerlo de que coma, el solo crujir de su estómago sería aliento suficiente para que lo haga. En cambio, una necesidad artificial es una necesidad creada en el individuo por otro. Por ejemplo, la aparición en el mercado de un celular con capacidad de mandar mensajes a cualquier parte del mundo y posteriormente la necesidad del individuo de obtenerlo a pesar de que no conozca personas en otras partes del mundo es un caso típico donde la necesidad es creada por los medios de información que la publicitan conjuntamente con el producto que las satisface. Para profundizar un poco más en el tema, transcribiré unos párrafos de excelente libro de John Kenneth Galbraith “La sociedad opulenta”:


“Si las necesidades del individuo deben ser urgentes, tienen que partir de él mismo. No pueden ser urgentes si alguien las ha fraguado para él. Y, ante todo, no deben ser fraguadas por el proceso de producción que viene a satisfacerlas, pues esto significaría la ruina de la obsesión de la urgencia de la producción, urgencia basada en las necesidades. No se puede abogar por la producción como instrumento para satisfacer las necesidades si esa producción es la que las crea.
Si sucediese de un hombre, al despertarse cada mañana, se viese asaltado por una legión de demonios que le inspirasen unas veces una pasión por las camisas de seda, otros grandes deseos de baterías de cocina, o de bacinicas o de naranjadas, habría razón plena para aplaudir los esfuerzos que se realizan para hallar los bienes que, cualesquiera que fuesen sus peculiares características, aplacasen este fuego interno. Pero si esta pasión es el resultado de haber atraído primero a los demonios y ocurre que los esfuerzos por apaciguarlos excitan a una actividad cada vez mayor, será lógico poner en duda la cordura de la solución que se aplica al mal. Aunque se oponga a ello la actitud convencional, podría muy bien preguntarse si la solución consiste en obtener una mayor cantidad de bienes o en disminuir el número de demonios.
Por consiguiente, si la producción real crea las necesidades que procura satisfacer, o si las necesidades brotan pari passu con la producción, entonces la urgencia de las necesidades no puede ser empleada para defender la urgencia de la producción. La producción solo viene a llenar el vacío que ella misma ha creado.
(...) Se concede así al productor tanto la función de fabricar los bienes como la de elaborar los deseos que se experimentan por ellos. Se reconoce que la producción crea las necesidades que procura satisfacer no de una forma pasiva, a través de la competencia, sino de una forma activa, mediante la publicidad y las demás actividades relacionadas con ésta”.

La presencia en nuestra sociedad de hábitos consumistas fuertemente marcados y conjuntamente desigualdades sociales enormes, constituyen dos elementos clave para comprender las causas del delito callejero.

Estas expectativas creadas en el individuo, esta incapacidad de satisfacerlas sumadas al hecho de ver que otros tienen lujos en demasía y toda clase de artículos que le serían imposibles de obtener con sus ingresos, es lo que motiva al individuo a delinquir, para satisfacer sus hábitos de consumo artificialmente creados.

Si sumamos también el enorme resentimiento que produce la tremenda injusticia social de una persona que trabajando toda su vida no puede llegar a una vejez digna, o un estilo de vida para sus hijos que le asegure el nivel mínimo de felicidad al cual todos tenemos derecho. Esa angustia que produce el resentimiento se ve contrastada con personas que con una vida de esfuerzos mínimos obtienen niveles de vida mucho más elevados. Otro aporte de Daniel Miguez sobre la situación a la que se ven expuestos los jóvenes puede ayudarnos a concluir la cuestión:

“Aunque la actividad delictiva en los jóvenes no esté directamente vinculada a la obtención de recursos económicos, la falta de ellos, sobre todo en ciertos momentos de la vida cotidiana, puede inducirlos a delinquir; no solamente por la necesidad en sí, sino también por el resentimiento que esto genera.
“Estábamos solos, con mis hermanitos y con mi vieja en la casa -cita a un joven encuestado en su trabajo- y era el cumpleaños de mi vieja y no teníamos nada para festejar. Ni una torta, nada. Y yo le dije a mi vieja, quedate tranquila que hoy vamos a festejar, tenía bronca, no se que tenía que mi vieja laburaba y había laburado toda su vida y ni en el cumpleaños podía festejar y salí... y esa noche mi vieja tuvo su cumpleaños con todos los vecinos si o si”17.
Privación natural y resentimiento van de la mano; los jóvenes perciben la situación a la que se ven expuestos ellos y sus familias como profundamente injustas. En la mirada de los pibes hay formas que ellos consideran básicas y legítimas, formas que no están normalmente a su alcance”.

Sobre la base de lo expuesto podemos afirmar que la enorme injusticia social y la espantosa desigualdad social se relacionan con el aumento de la actividad delictiva de los últimos veinte años.


Las instituciones:

Policiales

Hasta ahora hemos considerado como fuente de la inseguridad a las transformaciones producidas en la sociedad a lo largo de los últimos años. Pero los factores hasta el momento tratados están lejos de constituir las causas principales de la extraordinaria expansión de las actividades propias del crimen organizado que actúan en la Argentina y más precisamente en el Gran Buenos Aires. El robo de automóviles y el posterior desmantelamiento en desarmaderos para la venta ilegal de autopartes, el tráfico de drogas, el robo de mercancías de los famosos piratas del asfalto, el asalto a camiones blindados o bancos, etc., son actividades complejas que no se producen por el crecimiento de la marginalidad social y la pobreza. Estas son producidas como efecto de la degradación de las instituciones policiales y judiciales, que muchas veces no solo permanecen inactivas frente a estos hechos, sino que los promueven y los organizan; constituyendo su accionar un factor clave de la generación de la inseguridad. La Policía Bonaerense es un ejemplo típico18.

Dejemos describir a Marcelo Sain las funciones que deberían tener las instituciones policiales:

“En las sociedades modernas, la función policial es atribuida a determinados miembros de un grupo social con el fin de prevenir y reprimir, en nombre de la colectividad, la violación de ciertas reglas que rigen la vida social de ese grupo, para lo cual éste podría usar la fuerza cuando ello fuera necesario. Esto no significa, por cierto, que la función policial se reduzca solamente al uso de la fuerza y que no suponga el uso de otros medios de acción asentados en el ejercicio de ciertas modalidades de influencia. Sin embargo, es la posibilidad última de la utilización del recurso a la coacción física en donde se manifiesta la especificidad de la función policial dentro del espectro de labores institucionales inscriptas en el control social.
En una democracia, las tres funciones básicas de la institución policial se restringen a (1) la prevención, lo que implica la efectivización de un conjunto de actividades institucionales tendientes a evitar o abortar la decisión de cometer un delito o impedir la realización de hechos o actos que impliquen un delito; (2) la intervención en la represión de delitos a través de su participación en la investigación criminal, lo que abarca la constatación de los hechos delictivos perpetrados, la búsqueda y reunión de elementos de prueba y la identificación y localización de las personas sospechadas de ser responsables de los mismos, todo ello bajo la conducción policial; y (3) el mantenimiento de la situación de seguridad pública, mediante acciones que apunten a prevenir, neutralizar y conjurar cualquier tipo de hecho, falta o comportamiento –violento o no- que obstruya, limite o cercene la paz social y la libertad personal o vulnere la situación de seguridad de las personas. Así, el horizonte funcional de la policía es la protección ciudadana frente a ciertos riesgos o actos que suponen una lesión concreta a las personas en una situación de seguridad pública, es decir, a cierto o ciertos derechos y libertades. Sin embargo, para que dicha acción limitativa no implique extra limitaciones, abusos o arbitrariedades que no solamente impiden prevenir o conjurar aquellas conductas violatorias de derechos sino, peor aún, que se constituyan en una fuente de violaciones de derechos y por ende de cercenamientos y vulneraciones a la situación de seguridad institucionales efectivos. Por ello, la función policial implica el ejercicio de un servicio de protección a los derechos y libertades de las personas frente a eventos o actos que supongan la vulneración de una situación aceptable de seguridad pública, pero dicha función general debe ser ejercida respetando y adecuando siempre la actuación policial a la legalidad que enmarca esos mismos derechos y de la que derivan un conjunto de normas regulatorias del accionar. Esto significa que, en un estado democrático de derecho, esta actuación está regida siempre y en todo momento, por el principio de la legalidad”19.

Habíamos desarrollado anteriormente la función del aparato legal en un país con características como las de la Argentina. Pero lo expuesto por Sain nos sirve para entender cual debería ser el rol de las fuerzas policiales y luego contrastarlo con el que realmente cumplen.

La violación del derecho a la vida por parte de las instituciones de seguridad es una práctica extendida en la Argentina. Según el C.E.L.S. (Centro de Estudios Legales y Sociales), entre el primer semestre de 1996 y el primer semestre de 2004, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, 2428 personas murieron en hechos de violencia en los que participaron funcionarios de las instituciones de seguridad. Las prácticas policiales más reiteradas que producen estos resultados son enfrentamientos fraguados, ejecuciones y abusos de la fuerza20.

En el gráfico 3 podemos observar que las prácticas violentas de las fuerzas de seguridad se concentran en adolescentes y jóvenes. Del total de personas muertas en hechos de violencia policial, de las que se tienen datos sobre su edad, el 67% son menores de 25 años.

La responsabilidad de las fuerzas de seguridad en la generación de altos niveles de violencia puede observarse también al comparar la cantidad de muertos en hechos de violencia –civiles y policiales- con el total de homicidios dolosos (Gráfico 4).

Ante la luz de los datos revelados es innegable que las fuerzas policiales constituyen una fuente importante de promoción del delito, haciendo burla de los principios que deben regir a dichas instituciones.

Algo que vale la pena señalar es la abultada cantidad de sospechas que entorno a la Policía Bonaerense circulaban, a raíz de la ola de violencia que produjo en pocos días una enorme cantidad de personas asesinadas en circunstancias poco casuales; torturadas, descuartizadas, ejecutadas y degolladas. El Ministro de Seguridad provincial opinaba sobre esto: “Hay hechos delictivos que tienen señales mafiosas, sobre todo cuando existe una desproporción de la violencia utilizada para generar mayor dolor a la víctima y conmocionar a la comunidad”21.

Esta ola de violencia llegó a su máxima expresión el 12 de Agosto del 2002 cuando fue hallado el cadáver de Diego Peralta, cerca de una tosquera que une a la Ciudad de Buenos Aires con La Plata. Tenía 16 años, era miembro de una familia humilde de un barrio pobre del Gran Buenos Aires; había sido secuestrado el 5 de Julio. Aunque el rescate fue pagado el 20 de Julio, el adolescente había sido asesinado inexplicablemente el día 8 de ese mismo mes.

El secuestro en sí fue particularmente curioso. Si el objetivo era el lucro mediante la obtención de un rescate, la condición social de la víctima lo dificultaba de antemano. De hecho, el poco monto cobrado (nueve mil pesos y dos mil dólares), era considerablemente poco para cubrir los gastos del operativo. Las negociaciones con la banda se mantuvieron durante quince días después de haber sido asesinado y ocultado el cadáver de Diego Peralta.

“Los jueces Alberto Durán y Sergio Dugo indicaron, en su fallo sobre el caso Peralta, que el accionar policial en el momento del pago del rescate fue “magro e ineficiente”. “Cómo es posible que un acto operativo de la importancia del que aquí analizamos no estuviera ya previamente organizado por el personal policial a cargo de la investigación, la programación en la cual constará cómo se iban a poner en marcha todos los mecanismos y engranajes necesarios para el seguimiento de quien debía entregar el dinero, el rastreo del rodado en el cual éste se dirigía, y la bolsa conteniendo el dinero a entregar, la eventual persecución de los delincuentes que necesariamente iban a concurrir en la búsqueda del dinero requerido, la preparación de los efectivos para el hipotético enfrentamiento con los delincuentes, los distintos medios de locomoción que utilizarían para esa operación, la logística en comunicaciones que debía asignarse al personal al que se le encargaran dichas actividades, en fin, las circunstancias más elementales que estamos acostumbrados a observar en la mayoría de los procedimientos policiales por delitos de esta naturaleza, que son aquellos que derivan del sentido común y de la aplicación de la más elemental lógica. Todo ello fue en cambio un desastroso accionar policial que abandonó a la suerte a un ciudadano que había perdido a su hijo por secuestro hacía quince días, quien sólo atinó a cumplir las órdenes de los delincuentes pensando que así volvería a tener consigo y con vida a su hijo desaparecido”, señalaron los citados magistrados” 22.

El Subsecretario de Planificación y Logística de la Seguridad provincial (Marcelo Sain), al día siguiente del hallazgo del cadáver de Diego Peralta, señaló que “el sistema provincial servía para financiar a la política” a través del “juego clandestino, la prostitución y el narcotráfico”. “Detrás de cada problema policial hay un problema político”.



Conclusión

A raíz de lo expuesto durante el desarrollo de este trabajo; podemos afirmar que la problemática de la inseguridad gravita sobre la base de una multiplicidad de fenómenos que constituyen, en su conjunto, las causas del problema. En efecto, para su solución, es preciso aplicar prudentemente una serie de medidas preconcebidas y articuladas políticamente, que actuando sobre las causas, neutralicen los efectos.
No fue objetivo de este trabajo el proponer soluciones, pero si el de realizar el análisis que las antecede. Esperamos que el lector, a través del recorrido por estas paginas, haya descubierto o reafirmado que los problemas que agobian a la sociedad no suelen ser tan sencillos como los plantean los intelectuales de los grandes medios, o como los describen los supuestos expertos, o como se deduce del entramado de noticias que exponen los famosos noticieros. Como lo hemos señalado anteriormente, el problema de la inseguridad constituye tan solo un aspecto de la cruda realidad del drama nacional. Como éste, tantos otros podríamos analizar y presentar trabajos; sobre la crisis en la educación, la destrucción de nuestro sistema de salud, la desocupación galopante, la espantosa muerte que las recién nacidas generaciones encuentran como producto de la pobreza, la miseria y la indigencia en niveles históricamente altos, la privatización de nuestra economía, la extraordinaria concentración de la riqueza, la fuga de capitales, la deuda externa, la contaminación ambiental, el despojo de nuestros recursos naturales, etc. Todos ellos son, en su conjunto, el problema nacional y todos están en algún aspecto relacionados entre sí de manera tal, que para estrato claro de alguno de ellos es necesario inmiscuirse en algún otro. Pero de algo sí podemos estar seguros, y es de que es indispensable solucionar de manera prioritaria el problema económico, cuya causa es la creación de un grupo sumamente reducido y sumamente rico que despoja a las amplias mayorías de los recursos indispensables para una vida sana y digna; y que las condena a la miseria y a la pobreza; a la desnutrición de los niños y a la tristeza de la vejez, a una existencia indigna, a una degradación de la categoría humana. Hasta que no se utilice la economía como un instrumento subordinado al bienestar general, asegurando una equitativa y más igualitaria distribución de la riqueza, las crisis sociales y políticas se irán sucediendo, y todo problema latente en la sociedad estará vinculado, de un modo o de otro, al problema económico.
Pero los cambios no se producen solos y los procesos sociales que los generan suelen producirse al margen de las consciencias. Sólo cuando los argentinos tomemos conciencia de que el destino de cada uno esta directamente vinculado al destino de todos, cuando tomemos conciencia de que no nos podemos realizar como individuos en una sociedad que no se realiza en ellos, habremos dado el primer paso hacia una Argentina mejor. Para todo cambio, y más aún para la dimensión del que nosotros necesitamos, se hace indispensable la unidad, y para unirse es necesario comprender; y para comprender se hace indispensable conocer. Conocer la comunidad de intereses que rigen en la sociedad argentina resulta fundamental para comprender su funcionamiento; esto es lo que hemos hecho, a lo largo de este trabajo, abocados a la cuestión de la inseguridad. Tema en el cual los grandes medios de información promueven el empleo de la funesta “mano dura”, reprimiendo a las clases populares marginadas y explotadas con el fin de mantener el orden en la sociedad con el mutuo enfrentamiento de las clases que la integran, reduciendo el problema a un asunto de pobres, desviando la atención del enorme saqueo nacional perpetrado por ese grupo reducido de criminales sumamente ricos, cuyas consecuencias nefastas integran el núcleo del verdadero problema argentino.
Sin independencia económica, sin soberanía nacional y sin justicia social, no tendremos jamás una Argentina segura.





Agradecimientos:

A Mariano Facundo Contreras, sin cuyo invalorable esfuerzo este trabajo no se hubiese presentado a tiempo.



[1] Raul Scalabrini Ortiz “Política Británica en el Río de la Plata” (Editorial Plus Ultra 2001)
2 Daniel Miguez “Los Pibes Chorros” (Colección Claves Para Todos) 2004.
3 Cabe transcribir unos párrafos de H.A. donde explica el comportamiento de la clase media(...) “teme al desorden en la medida en que toda su existencia está ordenada por el sueldo mensual, la vida mensualmente contabilizada. El miedo al desamparo lo hace venerar las instituciones conservadoras y si bien cree en el progreso humano, se atemoriza ante el cambio social. Esta es la causa de que en las épocas convulsionares los partidos del orden lo conviertan en un ciudadano moderado, en sostén de la familia y amigo de las reuniones frente a la estufa en las noches de invierno. Todo lo desconocido lo aterra como el vacío. La rutina, el horario, el respeto meticuloso a la jerarquía son su ética de clase. Sus ideales son tan morales como grandes en las frase y minúsculos en la práctica. En política está convencido de su imparcialidad de sus juicios, pues su norma junto a la fe en el progreso indefinido, en la humanidad, en la realidad de la vida y por ese miedo al cambio, es el “justo medio” aristotélico tal cual lo entiende el que está en el medio”. J.J. Arregui “La formación de la consciencia nacional”. Ed. Plus Ultra, 1973.
4 Dice Alberto Binder (...) “ un Ciudadano con miedo es mucho más manipulable y mucho menos crítico; y además, está dispuesto a transferir más poder que un ciudadano que vive seguro y no está atemorizado”. Policías y Ladrones (Col. Claves Para Todos, 2004).
5 (..) En un individuo, la angustia será provocada por la magnitud del peligro o por la ausencia de ligazones afectivas. (...) De igual modo, el pánico nace por el aumento del peligro que afecta a todos, o por el cese de las ligazones afectivas que conexionaban a la masa (...). No hay duda posible, el pánico significa la descomposición de la masa; trae por consecuencia el cese de todos los miramentos recíprocos que normalmente se tienen los individuos de la masa.
La ovación típica de un estallido de pánico se asemeja mucho a la manera como la figura de Nestroy en su parodia del drama de Hebbel sobre Judit y Holofresnos. Grita un soldado “¡El general ha perdido la cabeza!” y de inmediato todos los asirios se dan a la fuga. La pérdida en cualquier sentido del conductor, el no saber a qué atenerse sobre él, hasta para que se produzca el estallido del pánico, aunque el peligro siga siendo el mismo; como regla, al desaparecer la ligazón de los miembros de la masa con su conductor, desaparecen las ligazones entre ellos y la masa se pulveriza como la lágrima de Botavia al que se le rompe la punta”. Sigmound Freud “Psicología de masas y análisis del yo”.
6 “El derecho aislado de las condiciones económicas en las que nace y a las que sirve, es una abstracción de justicia(...) “Justo es lo que agrada al poderoso” (Imperialismo y Cultura) J.J. Arregui. Ed. Plus Ultra 1973
7 Citado por J.J. Arregui “La formación…
8 Policías y Ladrones (Alberto Bender) Claves para Todos. 2004.
9 Policías y Ladrones (Alberto Bender) Claves para Todos. 2004.
10 “Política, Policía y Delito”, Marcelo Sain (Colección Claves para Todos 2004)
11 “Los Pibes Chorros”, Daniel Miguez (Colección Claves para Todos 2004)
12 “la familia contemporánea tiende a asumir la forma de una “red de relaciones” que, en lugar de ser responsable de transmitir el patrimonio cultural y moral de una generación a otra, tiende ahora a privilegiar la construcción de la identidad personal”. “Educación Popular Hoy” Juan Carlos Tedesco (Colección Claves para Todos 2005)
Peter Waldmann, al estudiar lo que llama “el Estado anómico” en América Latina, señala estas cuatro características: (1) El estado contribuye a desorientar y confundir a los ciudadanos, en lugar de brindar un marco de orden; (2) Esto es así porque el Estado crea regulaciones “ficticias” por las que luego no se preocupa o no puede hacer cumplir, dejando que esos ámbitos queden en manos de las luchas de intereses sectoriales; (3) Los Propios funcionarios del Estado (administradores, jueces, policías) son causa de irritación, inseguridad y temor, ya que ellos mismos no cumplen las leyes y usufructúan los privilegios; (4) Ese Estado carece de legitimidad elemental, es decir, no goza de la confianza de los ciudadanos.
13 Pierre Bourdiu “Outline of a Theory of Practice” Cambridge, Cambridge University y Press. 1977.
14 “Teoría y estructuras sociales” Robert Morton. México, Fondo de Cultura Económica.
15 “Los Pibes Chorros”, Daniel Miguez (Colección Claves para Todos 2004)
16 “El Progreso Improductivo” Gabriel Zaid (Ediciones Antropos, Buenos Aires, 1984)
17 “Los Pibes Chorros”, Daniel Miguez (Colección Claves para Todos 2004)
18 “Policía, Política y Delito”, Marcelo Sain (Colección Claves para Todos 2004)
19 “Policía, Política y Delito”, Marcelo Sain (Colección Claves para Todos 2004)
20 Derechos Humanos en Argentina, Informe 2004 (C.E.L.S.)
21 Citado por Marcelo Sain en “Política, Policía y Delito” (Colección Claves para Todos 2004)
22 Citado por Marcelo Sain en “Política, Policía y Delito” (Colección Claves para Todos 2004)